Rúbrica
La embestida definitiva de la “4t”
Por Aurelio Contreras Moreno
El presidente Andrés Manuel López Obrador finalmente sacó la carta que todo
mundo esperaba mostrara desde que asumió el cargo: la del desmantelamiento
del sistema electoral que le permitió acceder al poder.
La iniciativa de reforma electoral que presentó la mañana de este jueves en
Palacio Nacional y que más tarde envió a la Cámara de Diputados contiene, en su
parte fundamental, la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) para
sustituirlo por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) integrado por
siete consejeros que serían elegidos por voto popular.
Los candidatos a consejeros del INEC –así como los magistrados del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación- serían propuestos por los tres
poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y competirían por el voto
popular el primer domingo de agosto de cada seis años. Un mecanismo que por
su propia naturaleza destruiría los objetivos y principios de ciudadanización y
especialización de los órganos electoral y jurisdiccional, al someter a sus
aspirantes a los vaivenes y la deriva de una campaña en la que terminarían por
imponerse criterios partidistas y politiqueros –que son los que mueven el voto
popular mayoritario-, en lugar de los de mínima imparcialidad y conocimiento de
todas las áreas del sistema electoral, tanto en su organización como en su sanción
legal.
Otra propuesta controversial de la iniciativa es la referente a la integración del
Congreso de la Unión y las legislaturas estatales, que se pretenden reducir en su
número de integrantes, lo que en primera instancia no suena tan mal, habida
cuenta de la improductividad y chambonería que caracteriza a muchos de los
legisladores que pasan con más pena que gloria por sus curules y se limitan a ser
“levantadedos” en favor del poder en turno o de sus particulares intereses.
Empero, contrario a lo que se anunció originalmente en el sentido de que
desaparecerían los plurinominales, la iniciativa de decreto de reforma
constitucional lo que en realidad elimina es la mayoría relativa, pues ahora los
diputados federales serían elegidos a partir de listas de candidatos por cada
entidad federativa, que aportaría representantes en función de su porcentaje
poblacional. A Veracruz, por ejemplo, le tocarían 19 diputaciones federales –de un
total de 300-, que representarían el 6.33 por ciento de la Cámara baja. Para el
Senado aplica un criterio similar: listas de candidatos por estado, cada uno de los
cuales contaría con tres representantes para un total de 96.
Quizás el planteamiento que generará mayor debate –junto con la andanada
contra el INE- será el de desaparecer el financiamiento público ordinario para los
partidos políticos y limitarlo únicamente a los periodos de campaña proselitista, lo
que de igual manera pareciera no ser tan mala idea, ya que la principal crítica al
sistema electoral en México es su altísimo costo, lo que además embona perfecto
con el discurso de supuesta “austeridad” de la “4t”.
Pero la trampa es evidente. Esta medida implicaría en realidad la desaparición de
los partidos de oposición, que se quedarían sin forma de subsistir, mientras que
Morena, el nuevo partido oficial en vías de convertirse en hegemónico, no tendría
problema, pues en este momento tiene abierta el arca de los recursos públicos del
gobierno, como quedó evidenciado con el brutal y multimillonario derroche en la
promoción –ilegal, no hay que dejar de mencionarlo- de la -a pesar de ello- fallida
consulta de revocación de mandato de López Obrador.
Aun cuando la oposición en las cámaras manifestó de inmediato su rechazo
abierto a la iniciativa presidencial y juran que no pasará, no hay que perder de
vista que el régimen presionará por todas las vías y con un alto grado de virulencia
a los legisladores. La campaña de “traidores a la patria” por votar contra la reforma
eléctrica tiene precisamente esa intención, a lo que se sumarán otro tipo de
coerciones, en especial las de tipo legal. No por casualidad participó en la
presentación de la iniciativa Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera y ex luchador social rebajado a golpeador y verdugo del régimen.
No hay lugar para la incredulidad sobre el objetivo de una reforma de este tipo: la
centralización y concentración absoluta del poder. Por eso López Obrador
pretende que se apruebe lo más pronto posible, pues es ahora cuando tiene el
control.
Si se aprobase en sus términos, por ejemplo, los candidatos a consejeros y
magistrados electorales serían todos afines a la “cuarta transformación” que
encabeza el Ejecutivo, tiene mayoría simple en el Legislativo y cada vez gana más
terreno en el Judicial. Los nuevos organismos carecerían de autonomía e
independencia y, en los hechos, sería como volver a la época en la que la
Secretaría de Gobernación organizaba las elecciones y las ganaba siempre,
invariablemente, el partido oficial.
Pero aún si no se aprueba y corre la misma suerte de la reforma eléctrica, es
predecible lo que podría ocurrir en 2024: el desconocimiento del resultado de la
elección si les es desfavorable, aduciendo que el árbitro les hizo “trampa” porque
es “parcial” y no se cambió por otro.
Quieren un sistema a modo para la restauración del viejo régimen del que
provienen y al que añoran. Ésta es su embestida definitiva. Aquí se juega la
viabilidad democrática del país.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
